MADRID: EL PP BUSCA APROBAR EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA ANTES DE LAS ELECCIONES

Nuevo PGOU, más especulación

El nuevo plan urbanístico para Madrid, rechazado por la mayoría de partidos políticos y asociaciones vecinales, puede dar pie a la privatización de las dotaciones públicas.

Madrid  11/08/14 · 17:00

La frenética carrera del equipo de Ana Botella para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue ocasionando muestras de rechazo de la mayoría de colectivos y asociaciones vecinales. La insistencia del Consistorio en modificar el actual planeamiento urbanístico de la capital, vigente desde 1997, para declarar urbanizable zonas que alcanzarían hasta los límites territoriales marcados por los distritos, se ha encontrado con la oposición de varios grupos, que ven la medida como un mero intento de continuar la especulación urbanística en favor de grupos de poder y grandes propietarios y en detrimento del patrimonio urbano, cultural y de zonas verdes que disfrutan los madrileños.

El Ayuntamiento desea aprobarlo antes del final de su mandato, en mayo de 2015, pero apenas tiene consenso. Entre varios cambios, prevé dar a 146 unidades urbanísticas (desde parcelas, edificios y manzanas) que ahora son dotaciones públicas (equipamientos deportivos, educativos, sanitarios o administrativos) un nuevo uso económico y lucrativo (oficinas, hoteles, comercio, etc.), según alertan diferentes asociaciones, como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que desconfía, por ejemplo, de que la situación económica permita cubrir las 200.000 nuevas viviendas que el Plan prevé construir en los siguientes años, cuando la población española se está reduciendo progresivamente.

Expolio de edificios públicos

La ofensiva del Ayuntamiento comenzó en noviembre pasado, cuando su Junta de Gobierno entregaba el Preavance del nuevo PGOU (actualmente en fase de discusión pública) y calificaba un nuevo tipo de suelo como ‘actividad económica’, que sustituía los actuales usos industrial y terciario. Entonces, el Consistorio defendía el proyecto alegando que el antiguo Plan potenció la llamada ‘burbuja inmobiliaria’ y que ahora era necesario un modelo que flexibilice la tramitación urbanística que “retrae la inversión por la dilatación de los plazos administrativos”, señalaba en su momento la concejala de Urbanismo, María Paz González. Pero a esta tesis le han salido varios críticos.

Uno de ellos es la Pla­taforma No a Este Plan Urbanístico, LOGO-definitivo que nacía el pasado junio para “impedir el expolio de suelos y edificios públicos al servicio de intereses privados”. Formada por diferentes asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, sindicatos y partidos políticos, se creó para rechazar un PGOU que “camina en contra de los intereses ciudadanos”, al desregular los usos y permitir que los edificios puedan albergar cualquier tipo de actividad.

El colectivo denuncia que el Plan provocaría un crecimiento “insostenible e innecesario” del desarrollo inmobiliario y segregaría barrios ricos de pobres, al decidir los usos en parcelas por criterios de rentabilidad y, por contra, descuidar la movilidad y la intervención pública en materia de vivienda y suelo en zonas ya existentes.

Los analistas estiman que un indeterminado número de inmuebles públicos de Madrid pasaría a tener uso especulativo. El Plan contempla modificar a uso privado desde los Juzga­dos de Plaza de Castilla y las instalaciones de RTVE en Torrespaña, pasando por la Consejería de Presiden­cia de Pontejos, hasta el edificio de Registro Civil de Padrillo o el antiguo Hospital del Aire de San Cipriano, por poner sólo algunos ejemplos. Igualmente, afectará a casi medio centenar de edificios de Telefónica, como su sede en la Gran Vía. Que la estrategia va en serio lo demuestra la ‘Operación Canalejas’, iniciativa privada promovida por el Grupo Vi­llar Mir y aprobada por el Ayun­ta­miento para trans­formar esta céntrica manzana de 50.000 metros cuadrados en un hotel de lujo y un centro comercial.

Plazos cortos

El documento de Preavance presentado en noviembre por el Gobierno regional consta de 19 tomos y más de 6.000 páginas y se dio hasta el pasado 31 de enero para presentar sugerencias y alegaciones. Para la FRAVM, el plazo era “demasiado corto” para que los madrileños y organizaciones examinasen la documentación. Por ello, exige que se aplace su discusión hasta después de las elecciones. Vicente Pérez Quin­tana, responsable de Urbanis­mo y Vivienda de FRAVM, lamenta que “no se ha contado con la participación ciudadana en un tema tan serio como la modificación de su propia ciudad.Madrid corre el riesgo de quedarse sin terreno no urbanizable y zonas verdes”, al tiempo que no descarta una estrategia política: “Si el PP no gana las elecciones, dejará la patata caliente al que venga detrás. Hay que centrarse en mejorar los barrios que ya existen”, resume Pérez Quintana.

El Plan contempla que los propietarios de los inmuebles cedan al Ayuntamiento una superficie equivalente para uso dotacional, que se ubicarían en zonas periféricas más baratas. Sin embargo, la FRAVM habla de “desamortización” en detrimento de los ciudadanos. Los críticos al Plan alertan de que el cambio de uso permitirá a sus gestores ­desprenderse de inmuebles emblemáticos aprovechando el mercado inmobiliario, medida aplicada desde el inicio de la crisis por las Adminis­tracio­nes públicas para aliviar su deuda. Un dato, el Gobierno regional subastó en 2013 varios inmuebles por los que calculaba obtener 742 millones de euros, pero sólo logró 240.

Arrasar con todo

Mariano Lapuente, asesor técnico del grupo municipal de IU, exige la retirada del Preavance por “disconformidad con el contenido y por ser inoportuno al estar a menos de un año de las elecciones”. El técnico de urbanismo alerta de que el Plan amenaza con extender la ciudad urbanizable hasta aquellos límites que alcanzan el término municipal, como Rivas-Vacia­ma­drid, Getafe o la Ca­ña­da Real. “Se intenta arrasar con todo y urbanizar aquello que no esté protegido por ley”, comenta el asesor, que añade que “el Plan pasa de puntillas por diferentes puntos, entre ellos el déficit de equipamiento de los distritos periféricos o la protección del patrimonio”. Por su parte, desde Ciuda­danía y Patrimonio se asegura que la intención del Ayun­tamiento es “tener carta blanca para regular cualquier proyecto inmobiliario. Muchos usos públicos se mudarán a terciarios con el peligro de privatización, como el mercado de la Cebada, el Palacio de la Música o el Teatro Albéniz, estos últimos propiedad de la banca”.

Varios expertos se preguntan por qué se lanza ahora este PGOU, especialmente cuando quedan todavía pendientes desarrollos en el sureste de Madrid, donde se prevén más de 300.000 viviendas para casi 1,3 millones de habitantes. Muchos aseguran que el Preavance es una simple manta de seguridad para salvar el vacío legal de desarrollos ya iniciados con el PGOU de 1997, como el de Valde­bebas, y para que se eviten futuros recursos judiciales en contra. Los expertos coinciden en que los grupos de poder y determinadas entidades financieras adquirieron en su momento muchos terrenos no urbanizables, que ahora quieren proteger con una cobertura jurídica.

Parte de la Ley de Patrimonio, inconstitucional

El 24 de julio, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La ley, aprobada unilateralmente por el PP en octubre de 2013, fue denunciada por desproteger el patrimonio y por supeditarlo a intereses económicos. Tres días después de su aprobación, diez de sus artículos fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional a través de 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto. Uno de los artículos declarados inconstitucionales podría afectar directamente a la ‘Operación Canalejas’, por la que se pretende construir un hotel de lujo, un párking y un centro comercial en una manzana que incluía varios bienes de interés cultural.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, afirmó poco antes de la aprobación de la ley que “la única manera de conservar el amplísimo patrimonio histórico que tenemos es dando la posibilidad de que tenga aprovechamiento económico” y defendía aprobar la ley para “hacer compatible la preservación de nuestro patrimonio histórico con la explotación económica, comercial, turística, de ocio, etc., para hacerlo sostenible”.
NOTA ORIGEN:  https://www.diagonalperiodico.net/global/23597-nuevo-pgou-mas-especulacion.html
Documento enviado por:  Marian Santiago de comisión de comunicaciones. 22:25hs
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