- La plataforma «No A Este Plan Urbanístico» denuncia que una simple solicitud de licencia pueda cambiar el uso previsto para espacios públicos y edificios protegidos de la capital
- «El Ayuntamiento no se compromete a hacer nada, es un plan que le sale muy barato, porque establece intervenciones urbanísticas a demanda de las iniciativas privadas»
- Urbanismo reconoce que el anterior PGOU (1997) provocó la extensión urbanística desmedida, por lo que recurre al dinero privado para integrar espacios y edificios sin uso
- La Federación Regional de AAVV cree que el último Avance del plan tuvo una aprobación exprés que imposibilitó el consenso con las demandas vecinales
El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que el Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar antes de las próximas elecciones municipales de 2015 avanza lento pero inexorable. La redacción del texto ha sido de muy largo recorrido, pero en el proceso por el que se ha hecho público e introducido modificaciones no todos se han sentido incluidos: hace tan solo unos días era presentada la plataforma “No A Este Plan Urbanístico”, con la que asociaciones de vecinos, sindicatos, grupos ecologistas, trabajadores de Patrimonio y urbanistas han querido poner sobre la mesa su rechazo a un plan que será aprobado “sin verdadera participación ni debate amplio sobre un documento que determinará el futuro de la ciudad”.
A pesar de que las más de 4.000 páginas del documento recogen, según la Concejalía de Urbanismo, unas 3.000 “aportaciones de ciudadanos” a partir del borrador publicado en 2012, los portavoces de la plataforma insisten en un punto clave: “El PGOU es muy ambiguo. En él, el Ayuntamiento no se compromete a hacer nada, es un plan que le sale muy barato, porque establece intervenciones urbanísticas a demanda de las iniciativas privadas”. Para Raúl Cordero, representante de Comisiones Obreras en la agrupación ciudadana, el principal asunto en liza es la introducción de un instrumento de “modificación de usos urbanísticos” por el que la solicitud de una simple licencia puede cambiar el uso previsto para espacios públicos y edificios protegidos de la capital.
Cordero plantea el ejemplo del “proyecto Canalejas”, por el que el grupo del empresario Villar Mir creará un complejo comercial, recreativo y de hospedaje en seis edificios protegidos que integran una manzana de la calle Alcalá y el número 1 de la plaza de Canalejas: “Cambiar este uso ha supuesto más de un año”, afirma el representante de CCOO, que considera que en adelante intervenciones como esta “serán la regla”, solo que sin la necesidad de debatirlas en el Pleno del Ayuntamiento. “Este plan supone decidir cómo será la ciudad en los próximos 120 años. Se clasifican los usos del suelo y todo lo aprobado aquí es irreversible. Además se aprueba sin plazo para alegar, en dos meses y de cara a las elecciones”, añade. 
Visualización del «proyecto Canalejas» en pleno centro de Madrid
Las reclamaciones de la plataforma toman fondo con la presencia de un buen número de Asociaciones de Vecinos madrileñas, que tratan de visibilizar los problemas concretos que el futuro Plan Urbanístico acarrearía para la calidad de vida en sus barrios. Como ejemplo, la oposición de la Asociación de Vecinos Nudo Sur, en Arganzuela, frontalmente opuestos a la construcción de una salida de la M-30 que atravesaría el corazón del barrio con la consecuente destrucción de zonas verdes, un parque infantil, y en las inmediaciones de dos colegios. “Es acercar el ruido y la contaminación a un barrio hasta ahora tranquilo pero por el que ya discurren más de 20 líneas de autobuses”, denuncia Nita, representante de la asociación.
Lo peor, en su opinión, es la dinámica de trabajo de Urbanismo en Madrid: “En este barrio se iba a construir un intercambiador maravilloso en 2010, nos invitaron a todas las asociaciones a ver la presentación del proyecto, salimos de allí contentísimos. Pero no se construyó y el plan se descartó. Igual puede pasar ahora: es posible que se apruebe la salida de la autovía y luego no llevarse a cabo porque no haya dinero.Trabajan sin previsiones”. Según la Asociación Nudo Sur, las alegaciones de los vecinos y la recogida de firmas obtienen del Ayuntamiento, con suerte, “una carta modelo” como respuesta.
Otra de las líneas proyectadas en el PGOU es “recuperar los bulevares” como seña de identidad de Madrid, ampliando aceras o construyendo vías para el transporte público al lado de plataformas peatonales al estilo parisino. Pero en el barrio de Chamartín la asociación de vecinos tiene otra lista de prioridades: la intervención de los bulevares disminuiría los aparcamientos en superficie, creando más problemas a los vecinos, y denuncian, en cambio, un “severo déficit en materia de dotaciones y zonas verdes”. Ellos mismos proponen dar uso a espacios abandonados o que acogen hasta ahora instituciones desconectadas de la vecindad, como un Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil o un edificio de la Escuela Politécnica del Ejército.
La clasificación del suelo es también uno de los asuntos en liza en el distrito de la Latina y en especial en Campamento, cuyos vecinos demandan que se ponga fin a la urbanización masiva del barrio, calificando como suelo protegido no urbanizable las zonas afectadas como cañada real. También intentan paralizar el proyecto de túnel de conexión entre la A-5 y la M-30 a través del parque de la Cuña Verde por su gasto y su afección medioambiental.
En definitiva, mientras ciertos barrios se oponen a la intervención urbanística del plan, otros se sienten huérfanos del gobierno local y reclaman dotaciones y reestructuraciones de espacios y edificios que el PGOU no contempla. Es el caso de Chamberí: con un activismo vecinal considerable, las propuestas ciudadanas reclaman un “corazón verde” en el barrio antes que cualquier intervención estipulada por Urbanismo para la zona.
Las necesidades ciudadanas frente al urbanismo de la metrópoli
Dede la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) también consideran que hay un problema de “comunicación” a la ciudadanía sobre la planificación urbana en la capital. “Nosotros nos hemos reunido, en varias rondas, con 170 asociaciones vecinales y recogido los problemas y propuestas de cada una. También ha sido un ejercicio de traducción, porque el PGOU es un documento técnico que nadie entiende”, valora la FRAVM. La Federación entiende que la limitación del periodo de información pública del Avance del plan (a finales de 2013) a “algo más de dos meses, con las Navidades entre medias, unida a la nula difusión del mismo, han cercenado cualquier atisbo de participación ciudadana”, una aprobaciónexprés que ataca a las posibilidades de consenso con las demandas vecinales. Comparan el proceso con el trámite para el anterior Plan Urbanístico, de 1997: “Entonces el Avance estuvo en información pública alrededor de un año, se organizó una exposición en el Museo de la Ciudad, se editó diverso material divulgativo, etc.”.
Reclamos vecinales organizados por la Asociación Nuevo Legazpi
A pesar de ello, la agrupación estima como muy positivo que en esta ocasión se haya contado con la opinión social a través de una serie de mesas técnicas temáticas, pero creen que estos mecanismos quedan anulados si no se trasladan a la opinión pública y se “invita a la ciudadanía a discutirlo”. E insisten en un punto: “La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, entre los principios rectores de la ordenación urbanística, incluye, el artículo 3, apartado 1, letra d: “El de participación ciudadana. En la formulación, gestión y ejecución de la actividad urbanística, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos deberán fomentar e impulsar la participación, así como velar por los derechos de iniciativa e información de los ciudadanos y de las entidades que les representan”.
La herencia expansionista de 1997
El extenso trabajo del colectivo reflexiona en profundidad sobre el devenir urbanístico de la ciudad de Madrid, y en él se recogen extractos de las valoraciones de tribunales de justicia sobre el PGOU de 1997, con afirmaciones como esta: “la prioridad concedida al crecimiento en el territorio frente a la atención de las carencias de la ciudad existente y la ausencia de una acción continua y sistemática para integrar la variable ambiental en el desarrollo urbanístico, son las principales limitaciones” del anterior plan urbanístico de Madrid.
Sobre este punto sí parece haber consenso: el Ayuntamiento de Madrid reconoce sin tapujos que el plan urbanístico de 1997 disparó la burbuja inmobiliaria. La concejal de Urbanismo de la capital, Paz González, llegaba a declarar que el modelo del anterior PGOU era el del “desarrollismo”, el de la expansión urbana por encima de todo, y que no hubo “objetivos claros sobre el modelo de ciudad que se quería”.
El disenso llega a la hora de las soluciones. Las propuestas globales de las agrupaciones vecinales se resumen en dos puntos: “el retorno sobre la ciudad existente, inacabada y que sufre dolorosas precariedades, y la configuración de un gran anillo verde exterior que la abrace”. Para la concejalía la clave es otra: la flexibilidad, replantear lo que ya está definido “aunque tenga derechos adquiridos”, en palabras de González. Relajar la protección sobre edificios antiguos para rehabilitarlos -o permitir que alguien pueda hacerlo- y encontrar un uso y una lógica a todo lo que se construyó y quedó sin utilizar. En definitiva, facilitar las cosas a la inversión privada para reparar la dispersión sin control de la metrópolis madrileña.
La plataforma “No a Este Plan de Urbanismo” considera que, de esta forma, Madrid va a convertirse en un paraíso especulativo: “El dinero llegará a donde tenga que llegar, y eso promoverá el desequilibrio en el reparto de oportunidades económicas”, denuncia Raúl Cordero desde CCOO. Además, consideran que la ciudad “renuncia a tener un papel de capital” para convertirse en una ciudad plenamente terciaria, y resaltan el hecho de que el suelo del casco histórico pase a denominarse suelo turístico.
PLATAFORMA POR EL DERECHO A LA CIUDAD DE MADRID 